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martes, 8 de agosto de 2017


El aeropuerto del prat es un claro ejemplo de la nefasta política desarrollada por el Gobierno del Partido Popular en materia de contratacion publica

El Sindicato UGT viene solicitando en el tiempo del Gobierno Central reformas claras de la Ley de Contratos y la modificación de la Reforma Laboral en cuanto a la prevalencia de los convenios sectoriales de aplicación. 

Las administraciones públicas vienen celebrando contratos de seguridad privada cuyos importes máximos de licitación no cubren ni tan siquiera los costes salariales recogidos en el convenio estatal de seguridad privada. 

Amparados en una Ley de Contratos totalmente obsoleta, así como en una clara falta de voluntad política para afrontar un grave problema social y laboral. Gobierno y Administraciones Públicas sitúan en manos de la seguridad privada instalaciones denominadas de alto riesgo. Ministerio de

Defensa, Centros de Refugiados, Puertos y Aeropuertos, Transportes Urbanos, son sólo un ejemplo de lugares custodiados por vigilantes y empresas de seguridad.

En los últimos años Administraciones Publicas y algunas empresas del sector han iniciado un camino perverso en cuanto a la contratación de servicios, obviando criterios de calidad del propio servicio a desarrollar y basando como único aspecto de adjudicación la oferta económica más baja, que a su vez resulta la más cargada de incumplimientos laborales, fiscales y tributarios. 

Esta situación merma los salarios de los vigilantes de seguridad hasta en un 30%, así como sitúa a la propia Administración como máximo retroalimentador de fraude fiscal en nuestro país. Estas políticas de contratación, llevadas al ámbito laboral conllevan, para los vigilantes de seguridad, carencias en formación, jornadas de trabajo insufribles y condiciones laborales precarias, siendo el propio Gobierno del PP y las Administraciones Públicas culpables en primera instancia de lo acontecido, ignorando constantemente las peticiones formuladas en el tiempo desde UGT en base a una contratación pública socialmente responsable, más si cabe, en contratación de seguridad privada que en forma cercana a la ciudadanía custodia lugares reconocidos desde el propio Ministerio de Interior como de elevado riesgo. 

AENA durante los últimos concursos viene realizando recortes en su parte económica, así como aumentando su nivel de exigencia, situación que, sin duda, por si misma reduce la calidad de sus servicios y las condiciones de los vigilantes que deben custodiar las instalaciones aeroportuarias. 



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