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sábado, 1 de julio de 2017


Los vigilantes de seguridad, apaleados por la crisis

La conflictividad aumenta más que los sueldos

Son mileuristas, trabajan noches y festivos con altos niveles de peligrosidad y siniestralidad laboral, en puestos de alta responsabilidad (aeropuertos, centrales nucleares), de cara al público en ambientes tensos (conciertos y centros de ocio). No es un colectivo con buenas condiciones laborales, pero quieren recortarle más. Los sindicatos plantan cara a una patronal que utiliza la reforma laboral para descolgarse del convenio sectorial.

Las tres mayores centrales sindicales (USO, UGT y CCOO) han convocado una protesta del sector frente a la patronal Aproser contra lo que consideran una precarización de sus condiciones laborales.  "Pretenden rebajar todas las mejoras que tiene el convenio respecto al estatuto de los trabajadores", dijo a bez.es Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO.

Cientos de vigilantes de seguridad de toda España se han concentrado hoy en la calle Marqués de Urquijo. Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector.

Los sindicatos reclaman una subida salarial del 3% para 2017 y otro 3% por cada año de vigencia del convenio y la patronal ofrece un 2% en 2017 y un 1,5% el segundo año.

"La concentración es sólo un primer paso, se pretende continuar con más medidas de presión según vaya evolucionando la negociación, y no se descarta ninguna", advierte Barragán, desde CCOO.

Al ser una actividad regulada por el Ministerio del Interior, muchas veces a cargo de la seguridad en infraestructuras críticas u organismos públicos, los servicios mínimos impuestos a los vigilantes -que pueden rondar entre un 80% y un 100%- limitarían la efectividad de una huelga general del sector. Por eso, los sindicatos optan por otras vías, como concentraciones ante empresas, presión sobre clientes o denuncias para que se hagan inspecciones de trabajo.
"Es necesario un paso adelante en la consideración de la figura del vigilante, es el momento de que se recuperen derechos sociales y salariales de un sector muy castigado por los últimos años de crisis, es el momento de modernizar el texto del convenio y de incluir las nuevas modalidades y perfiles profesionales que se están dando en el sector", agregó Barragán, de CCOO.

Los sindicatos denuncian que empresas que forman parte de Aproser (Alse, Eulen, Grupo Omega, Prosegur, Loomis, Sabico, Securitas, Segurisa, Trablisa) se han acogido a la posibilidad que brinda a las empresas la reforma laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo y hacer convenios de empresa, con prioridad de éstos sobre los sectoriales, y que cerca de un 30% de los casi 80.000 trabajadores del sector cobran 300 euros menos de media, un descuento especialmente lesivo para un trabajador mileurista. Aunque el número final de trabajadores es muy difícil de determinar debido a que es un colectivo con elevadas subcontratación.

Desde la patronal, que representa al 70% de los vigilantes de seguridad niegan que sus empresas se acojan a la reforma laboral porque su reglamento lo prohíbe.

"De hecho, las empresas que pertenecen a Aproser promueven lo contrario: el cumplimiento estricto e íntegro de la normativa laboral y del convenio colectivo de seguridad”, dijeron a bez.es desde la patronal, remitiéndose al punto 3.2.7.2.5 de su Especificación Técnica, el decálogo que determina los requisitos de gestión profesional y deontológicos de las empresas que pertenecen a la asociación.

"Tenemos que buscar otras maneras de combatir, con huelgas por empresas o servicios determinados, que incidan en clientes. Si hacemos huelgas puntuales, no sectoriales, generaremos unas incomodidades a las empresas, y estarán obligadas a hablar con los clientes",  señaló a bez.es Basilio Alberto Febles, secretario general de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera.

Competencia en base a recortes salariales
Los sindicatos señalan que las empresas están precarizando en base a su competencia de precios: los recortes salariales son los que permiten bajar considerablemente las ofertas en las licitaciones públicas y así ganar contratos a costa de los salarios.

Esto es paradójico cuando la seguridad privada se expande progresivamente hacia la custodia y protección de lugares estratégicos y de alto riesgo y, "en contrapartida, los propios clientes valoren a las empresas con el único criterio de la oferta más económica, que normalmente es la de mayor incumplimiento", señalan los sindicatos.

Detalles de la negociación

En el aspecto económico, además de lo salarial, según los sindicatos, la patronal quiere eliminar la antigüedad, rebajar sus aportaciones en casos de bajas por enfermedad. Los trabajadores del sector tenían mejoras conseguidas en convenios anteriores y no quieren perderlas. Los tres primeros días de baja cobran el 50% y a partir del tercer día se incrementa la parte que subvencionan las empresas llegando hasta el 75% en bajas de mas de dos meses. Además, la patronal pretende congelar la antigüedad. "Estamos dispuestos a hablar de la congelación de la antigüedad pero a cambio de una subida del salario base que compense lo que pierden todos los trabajadores", señaló Febles, de USO.

Fuente: www.bez.es