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jueves, 18 de mayo de 2017


El Gobierno denuncia a la Fiscalía a una empresa de seguridad ‘low cost’

El Ministerio de Empleo ha dado varios contratos a Sinergias para vigilar sedes oficiales

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha decidido actuar contra una de las empresas low cost que contrata trabajadores a 700 euros al mes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy remitir a la Fiscalía una denuncia contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S. A., una compañía muy conocida en el sector por reventar precios con un convenio colectivo que reduce los salarios justo al límite del salario mínimo interprofesional y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la Administración pública.


Se da la circunstancia de que el propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este ministerio. Sinergias se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en las licitaciones. Entre otros contratos, se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del Estado. El Ayuntamiento de Madrid también le ha adjudicado recientemente el servicio de vigilancia de los edificios del distrito de Barajas.

Con el envío de la denuncia a la Fiscalía, el Ministerio de Empleo ha suspendido el procedimiento administrativo sancionador que tenía abierto después de que la Inspección de Trabajo de Las Palmas detectara una infracción en materia de Seguridad Social. La sanción propuesta es de 172.000 euros, según ha podido saber EL PAÍS. Una sanción en su grado "máximo", porque la inspección ha considerado como agravantes el "fraude", además de la cifra de negocios de la empresa y el perjuicio causado a los trabajadores.

El procedimiento sancionador contra Sinergias se abrió porque la Inspección de Trabajo en Las Palmas, donde tiene su sede la empresa, considera que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social por el hecho de aplicar un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las debidas.   

Esto sucedía porque la compañía de seguridad 'low cost' aplicaba a sus trabajadores un pacto colectivo suscrito para un centro de trabajo, ni siquiera para un ámbito de empresa. Este tipo de acuerdos no puede situarse por encima de los convenios sectoriales, que suelen tener mejores condiciones laborales y sueldos más altos, por tanto las bases de cotización aplicadas (correspondientes a los salarios) serían más bajas de los permitido legalmente.

Este pacto sería previo al convenio actual de Sinergias, firmado en 2015, cuando la sociedad empleaba a 65 trabajadores. De estos, 60 estaban en Canarias y cinco en Madrid. Esta plantilla, entonces muy corta, ha crecido exponencialmente en los últimos meses.

Pese a que no hay un procedimiento formal establecido para informar a la Fiscalía de la apertura de estos expedientes sancionadores, sí es obligatorio hacerlo cuando un funcionario público detecta que se puede estar cometiendo un delito contra el derecho de los trabajadores, explica un inspector de la Seguridad Social. Además, si las cantidades no ingresadas al instituto previsor por cotizaciones superan los 50.000 euros, el código penal lo tipifica como delito. A partir de 160.000 euros, es obligatorio que el Consejo de Ministros dé el visto bueno al traslado al Ministerio Fiscal.

El sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una de las cuales es accionista el empresario.

Los tribunales han anulado los convenios de otras dos empresas relacionadas con Ramírez, Marsegur y Seguridad Integral Canaria, como los de una cincuentena de multiservicios. En estas empresas es habitual pactar convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata. La Audiencia Nacional declaró nulo el convenio de Marsegur en mayo de 2016.

Fuente: ELPAIS.COM
Disponible <http://economia.elpais.com/economia/2017/05/05/actualidad/1493996521_653377.html>