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martes, 17 de enero de 2017


NOCIONES SOBRE EL CONCURSO DE ACREEDORES


El Concurso de Acreedores


¿Qué es?
El concurso de acreedores es un procedimiento judicial cuya solicitud resulta obligada para todo aquel deudor en estado de insolvencia, siendo su finalidad esencial la satisfacción -conforme al principio de igualdad de trato- de los créditos de los acreedores, ya sea mediante acuerdo entre el propio deudor y sus acreedores - “convenio”-, en el que se pacte la reducción y/o aplazamiento de los créditos, o a través del producto obtenido mediante la enajenación de los bienes del deudor concursado - “liquidación”-.

¿Para qué se solicita?
Este concurso tiene un doble objetivo, pagar a todos los acreedores y, en la medida de lo posible, evitar la extinción de la sociedad. No obstante, en la práctica, la mayoría de los concursos de acreedores finalizan con la liquidación de la sociedad, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores.

Ventajas para la empresa concursada
  • Las demandas interpuestas por acreedores contra la empresa se paralizan. 
  • No caben nuevas demandas. 
  • Si no se paga al arrendador, se evita el desahucio. 
  • Si no se pagan los préstamos hipotecarios o los leasing, no tiene lugar la ejecución 
    de los bienes. 
  • Las deudas no devengarán intereses. 
  • El concurso les permite congelar el pago de los créditos. Un equipo externo evalúa 
    si el estrangulamiento financiero es pasajero o no. 
  • No supone la desaparición de la empresa. De hecho, el concurso de acreedores 
    está pensado para permitir su continuidad, por ejemplo, a través de la venta ordenada de activos. 
  • A diferencia del llamado concurso forzoso, el voluntario (declarado a instancias de los propietarios), permite a los gestores seguir llevando las riendas de la compañía, aunque sus decisiones pueden ser vetadas por el juez o por los administradores concursales. 
  • Sólo las deudas anteriores al procedimiento quedan en suspenso, a la espera de que el procedimiento determine cuándo y cómo deben pagarse. 
  • El plazo máximo del que se va a disponer para saldar las deudas es de cinco años. 
  • Permite alcanzar un convenio con los acreedores que prevea una reducción de la 
    deuda (quita) y un retraso admitido en el pago de esta (espera). 
  • El coste del administrador concursal se le repercute al deudor.
¿Cuándo y cómo se realiza? 
El concurso de acreedores podrá ser necesario o voluntario, en función de si lo solicita un acreedor o es la propia empresa la que, a la vista de su situación económica, decide anticiparse a un acreedor. Cualquier acreedor de la empresa está legitimado para solicitar el concurso de acreedores, y en este sentido, aquellos trabajadores a los que se les adeuda alguna nómina también podrán hacerlo. 

No cumplir con la obligación que establece la Ley de presentar el Concurso de Acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia impide al concursado el proponer la figura de convenio anticipado y por lo que el disfrutar de sus ventajas, ya que la propuesta anticipada de convenio de acreedores permite poner fin al concurso y a sus largos trámites. 


Nombramiento de un administrador concursal 

Con la declaración de concurso, el juez de lo mercantil nombrará a un administrador concursal, normalmente un abogado o economista con al menos cinco años de experiencia. Este administrador concursal sustituirá al administrador de la sociedad cuando el concurso sea de carácter obligatorio, o sin llegar a sustituirlo, lo acompañará en el procedimiento cuando el concurso hubiese sido voluntario. 

El administrador concursal debe de emitir un informe analizando la situación financiera y patrimonial de la empresa, y por tanto, la viabilidad o inviabilidad de la sociedad. En dicho informe se deberá recoger la prelación de los créditos ordenándolos en función de su categoría, que más adelante analizaremos, y propondrá o la liquidación de la sociedad en caso de que sea inviable, o en caso de que considere que la sociedad es viable, elaborará un plan de viabilidad de la sociedad, que normalmente incluye quitas de la deuda (hasta el 50%) y/o aplazamientos (hasta 5 años). 

Privilegios de los salarios e indemnizaciones
El informe del administrador concursal debe recoger tanto la masa activa, los bienes de la empresa; como la masa pasiva, todos los acreedores de la sociedad. Sin embargo, no todos los acreedores, entre los que se incluyen los trabajadores si la empresa le adeuda alguna cantidad, tienen la misma preferencia de cobro y gozan del mismo privilegio.

El artículo 84 de la Ley Concursal distingue entre créditos concursales y créditos contra la masa. Las deudas calificadas como créditos contra la masa deberán de ir abonándose conforme vayan devengándose, es decir, la empresa tiene que ir pagando estas deudas según vayan surgiendo la obligatoriedad de abono. Por lo tanto, estos créditos serán cobrados, siempre que la empresa tenga dinero, antes que los créditos concursales y sin la necesidad de esperar al informe concursal (es el caso normal en el que se encuentran los trabajadores).

En el ámbito laboral son créditos contra la masa los siguientes:
1. Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, que se deberán abonar en el momento de la declaración de concurso.

2. Todos los salarios e indemnizaciones de despido y de extinción de contratos producidos con posterioridad a la declaración de concurso.

Todos los demás créditos, serán considerados como créditos concursales.

Es probable, que el trabajador no perciba el cobro íntegro de sus créditos. No obstante, el FOGASA, una vez el administrador concursal emita el informe en el que se incluya las deudas del trabajador y sus cuantías, abonará parte de los salarios o indemnizaciones adeudados con unos límites.

Cobro de salarios y/o indemnizaciones por el FOGASA

Con el informe del administrador concursal en el que se incluyan las diferentes deudas, y la prelación de créditos, podrá cobrar las deudas reconocidas a los trabajadores, sin esperar a que el procedimiento concursal finalice. Para ello, el administrador concursal tiene que emitir un informe personal para cada trabajador en el que la cuantifique la deuda.