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domingo, 29 de diciembre de 2013


Los comerciantes desconfían de la nueva ley de Seguridad Privada



Las grandes asociaciones de Madrid y Barcelona temen una privatización total de la vigilancia

Los tenderos confían en las policías locales y estatales


Los empresarios de las grandes zonas comerciales de Madrid y Barcelona están divididos ante los efectos de la nueva ley de Seguridad Privada, que permite a los vigilantes de seguridad patrullar y detener en las calles. Los comerciantes no han analizado aún a fondo el nuevo texto legal, pero temen que se cargue sobre sus bolsillos la seguridad de sus tiendas. La postura común en las dos grandes ciudades es la misma: más seguridad, sí claro, pero ni solo privada ni más cara.
Los comerciantes de Madrid están divididos por la nueva ley de Seguridad Privada. Agradecen que se mejore la eficacia pero temen que la nueva normativa suponga menos policías en la calle y que, por lo tanto, la seguridad se privatice. “Si esto va a suponer que tengamos que contratar vigilantes pues no me parece bien. Yo pago mis impuestos y espero que la Policía Municipal siga actuando como hasta ahora”, solicita Paloma de Marco, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Preciados Carmen y Arenal (Apreca).
Una petición que también recoge Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem). “Todo lo que sea aumentar la eficacia, sobre todo en zonas peatonales, me parece positivo. Pero siempre y cuando vaya de forma coordinada y dependiente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si el fondo del asunto es que se privatice la seguridad pues no estamos de acuerdo”, argumenta el responsable de Cocem, que aglutina a 60.000 puntos de venta.
Tanto Alfaro como De Marco ven positiva la aplicación de la ley en centros comerciales cerrados. “Si roban dentro, el vigilante podrá salir a la calle, identificar al ladrón, cachearle y detenerle. Pero en espacios abiertos ya contamos con la Policía Municipal”, explica la presidenta de Apreca. Según dice, el Ministerio del Interior se puso en contacto con diferentes asociaciones de comerciantes antes de redactar el borrador de la ley y continúa haciéndolo aún hoy a la espera de que esta se apruebe, finalmente, en el Senado.
Ambos comerciantes coinciden en que aún es pronto para valorarla y ver si se va a contratar vigilancia privada. “Aunque el centro de Madrid no es una zona especialmente peligrosa; otra cosa son las zonas marginales, ahí a lo mejor es más factible”, deja caer De Marcos.
La ley ha cogido con el pie cambiado a los empresarios del principal eje comercial de Barcelona, BarnaCentre, según explicaba su presidente, Javier Cottet. Sus asociados no han tenido todavía tiempo de analizar si aprovecharán la posibilidad de que guardias jurados patrullen las calles de su zona, pero Cottet se mostró partidario de coordinar a los grandes grupos que tienen vigilancia privada antes que contratar equipos específicos.
Para Cottet, con la nueva norma “se ha pasado de un extremo a otro”. Se refiere a que los comerciantes llevaban más de diez años denunciando su impotencia ante el Ayuntamiento de Barcelona porque sus guardias jurados no podían hacer nada con las personas que hurtaban algún producto una vez salían de la tienda. En algunos casos que lo habían hecho, “la Guardia Urbana les había reprendido”. “Ahora supongo que si existe coordinación entre empresas de seguridad y policía puede ir bien, pero también se puede generar un conflicto entre ambos cuerpos que puede ser generoso”, indicó Cottet, quien confesó: “Hubiéramos preferido una solución al problema de los reincidentes”.
Vicenç Gasca, el presidente de la fundación Barcelona Comercio, que aglutina una veintena de ejes comerciales de la capital catalana, advirtió que el comercio no permitirá que “nos pasen la patata caliente de la seguridad a los comerciantes como medida de ahorro: la seguridad es una materia de los ayuntamientos y de la Generalitat”
Pese a que la ley está todavía a la espera de su tramitación en la Cámara Alta, los vigilantes ya celebran la nueva normativa. El jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada Civittas, Cristóbal Alzamora, cree, de hecho, que la norma era necesaria. “Desde hace tiempo, la protección jurídica del vigilante estaba en entredicho; sobre todo tras la anterior normativa de seguridad de 1992. Antes de ese año, los vigilantes eran jurados y juraban el cargo como cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Ahora son vigilantes de seguridad y a efectos de agresiones no tienen la misma autoridad que, por ejemplo, un profesor”.
Alzamora piensa que la nueva ley beneficiará, además, a los comerciantes de las zonas peatonales, que podrán unirse y costearse este servicio. “La policía no está para entrar en cada comercio; ahora tendrán mayor seguridad reduciendo o compartiendo gastos”, abunda.
Su optimismo no coincide, de momento, con sus expectativas a corto plazo. Según explica el responsable de Civittas, ningún comerciante se ha puesto en contacto con ellos a raíz de la aprobación en el Congreso de la ley de seguridad privada. Solo han recibido peticiones para solicitudes de fiestas. Tienen tres tipos de clientes: las administraciones públicas; el pequeño comercio o cliente particular; y, por último, clientes empresariales o industriales. Sobre los comercios, Alzamora reconoce que apuestan más por sistemas de seguridad tecnológicos que por vigilantes. “Se suele contratar personal de seguridad para pequeñas campañas de Navidad o para centros comerciales. Antes sí que es verdad que las joyerías tenían vigilantes, pero eso se ha ido reduciendo por la tecnología”.
Contratar un vigilante sale, según cálculos de Civittas, por entre 13 y 20 euros la hora dependiendo de si se trata de controlar un comercio en horario comercial (de 8 a 15 horas) o si es un centro comercial cerrado, que se vigila todo el día.
Según datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que aglutina a las principales compañías del sector como Prosegur o Securitas, en 2012 había en España 1.492 empresas de este tipo. De ellas, 126 fueron habilitadas por la Generalitat de Cataluña; 30 por el Gobierno vasco y el resto por Interior. Por comunidades, Madrid encabezaba la tabla con 300 empresas de seguridad, seguida de Cataluña y Andalucía, que rondaban el centenar.
En septiembre de 2012, había un total de 207.212 vigilantes habilitados, de los cuales se estima que hay 88.250 vigilantes de seguridad en activo. Según recoge este mismo informe, desde 2009 la facturación total del sector ha ido cayendo en picado.