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sábado, 24 de junio de 2017


Seguridad Integral Canaria, novedad en la lista de morosos de Hacienda


La empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, figura entre las novedades de la tercera lista de morosos con el fisco publicada hoy por la Agencia Tributaria, que le achaca una deuda de 2,9 millones de euros...Leer la noticia completa

UGT SE REUNE CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DE METRO

Con fecha de 22 de Junio, el responsable federal y de Madrid del sindicato de seguridad privada de UGT y representantes de UGT del comité de empresa de Metro se han reunido con el director de Seguridad y Protección Civil de Metro y el Responsable del Área de Seguridad. 


El objetivo de la reunión era trasladar nuestra preocupación ante la próxima adjudicación del concurso de Metro y la incertidumbre que se está generando entre los profesionales de la seguridad privada en estas instalaciones. 
Les trasladamos nuestro desconcierto ante la decisión de Metro de no rescindir el contrato a SIC por el retraso continuo del abono de las nóminas a sus trabajadores así como los problemas de inseguridad creados en la red de metro tras la huelga del 6 al 9 de Mayo en la que no procedió a designar los servicios mínimos tal como le estableció la Delegación de Gobierno.

Asimismo les recordamos que dada la situación que esta atravesando la empresas Segur-ibérica, en el supuesto de desaparición de la empresa, para los trabajadores que prestan servicio en Metro, no cabe más solución que la subrogación según el art 14 del vigente convenio colectivo con todos los derechos que venían siendo reconocidos hasta la fecha.

De la reunión os podemos trasladar las siguientes consideraciones 

1.- Que la dirección de Seguridad de Metro es consciente que la mayor garantía de seguridad para su personal y sus instalaciones es contratar con empresas de solvencia económica, profesional y técnica y, por tanto, el concurso tiene como objetivo evitar la contratación de las empresas “ low cost”, siempre dentro del respeto a la legalidad. Esa es su voluntad manifestada expresamente. 

 2.- Que participan de los criterios de nuestra organización por la que la oferta económica no debe ser determinante en la adjudicación del servicio y si el compromiso de cumplimiento del convenio colectivo estatal. En este sentido, con fecha de 23 de Junio les hemos remitido un documento sobre criterios de valor social a incluir en los pliegos de contratación. 

3.- Que es voluntad de Metro, que las nuevas adjudicaciones se implementen a 1 de Octubre, pero esta situación no puede ser garantizada, porque la norma permite que cualquier recurso a la adjudicación pueda retrasar esta fecha y, por tanto, cabe la posibilidad, que la adjudicación se hiciera efectiva en fecha 1 de Febrero del 2018.

Desde UGT valoramos positivamente la reunión, pero seguiremos insistiendo en: 

Solicitar la rescisión del contrato de prestación de servicios de SIC porque entendemos que no solo hay argumentos legales para poder hacerlos, sino que además la administración tiene una responsabilidad social en su contratación, no permitiendo modelos empresariales que precarizan el empleo. Y por ello, en fechas próximas nos vamos a reunir con grupos políticos de la Asamblea de Madrid para solicitar explicaciones al Consejero de Transportes sobre la situación de las empresas prestatarias de los servicios de seguridad privada en Metro. 

Que vamos a ser vigilantes con el concurso y la adjudicación final a las empresas, al objeto de garantizar lo que se nos ha comprometido, esto es, que las empresas que presten servicios de seguridad privada en Metro cumplan el convenio colectivo estatal y tengan acreditada competencia profesional y económica. Y si esa situación, no se da, implementaremos todas las medidas de acción sindical y jurídica a nuestro alcance. Modelos de gestión empresarial como SIC no pueden ser legitimados por la contratación pública. 

Metro de Madrid tiene que entender que definir una contratación pública socialmente responsable, es una de las primeras obligaciones que tiene cualquier administración sobre sus administrados, y que debe tener como prioridad garantizar un empleo de calidad y con derechos. 


SEGUIREMOS INFORMANDO 

viernes, 23 de junio de 2017


I-SEC ANUNCIA SU RETIRADA EN LA OPCION DE COMPRA POR LA EMPRESA SEGUR IBERICA


La empresa que debía formalizar definitivamente la compra el próximo día 1 de Julio del presente año anuncia que no formalizara la opción, situación que pone en riesgo aproximadamente a 1000 empleados en España. 


Según informo en el día de hoy el Administrador Concursal ISEC una vez adoptado el compromiso de adquirir varias unidades productivas de SEGUR IBERICA desestima seguir con el proceso de adquisición. 

El pasado mes de noviembre de 2016 el GRUPO SEGUR anunciaba a la representación sindical su intención de iniciar un ERE en el territorio nacional, que en la actualidad afecta a unos 300 trabajadores, otra parte importante de vigilantes abandonaron la empresa fruto de subrogaciones de personal hacia otras empresas de seguridad que pasaron a realizar los servicios realizados anteriormente por GRUPO SEGUR. La Multinacional Europea ISEC en la búsqueda de mercados de inversión en España adquirió el compromiso de mantener unidades de negocio de GRUPO SEGUR antes de su cierre definitivo. La retirada de ISEC supone en la actualidad volver a situar a 1000 empleados en incertidumbre laboral. 

UGT sigue manteniendo reuniones con ISEC, así como con el Administrador Concursal solicitando de estos, planteamientos concretos para que ISEC vuelva a su planteamiento inicial de asumir la compra. 

En igual forma y desde el principal objetivo que debe ser prioritario en este momento, UGT iniciara conversaciones con agentes económicos del sector de la seguridad privada para de esta forma garantizar mediante la posible subrogación de personal la mayor empleabilidad posible, en caso de que la primera opción no prosperara. 

Como ya se adelantó desde UGT en pasados meses, la situación sufrida por SEGUR IBERICA como cuarta empresa de seguridad en España, era una mala noticia para el sector en general y ponía en duda el modelo tanto de empresas como de propios clientes de seguridad en cuanto a estándares suficientes de calidad de empleo y de prestación de servicios. 


Diego Giraldez Gerez 

Responsable Federal Seguridad Privada FESMC UGT 


COMUNICADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DEL GRUPO SEGUR 



Negociación del convenio de Seguridad Privada || modificación de las mejoras por IT (bajas medicas)

Las patronales presentes en la mesa negociadora del convenio de seguridad privada ha presentado en el ultima convocatoria de la mesa negociadora una serie de propuestas reflejadas en el acta de la citada reunión. Pero ay una que nos llama poderosamente la atención sobre las demás ya que nunca antes se habían propuesto desde la patronales criminalizar las bajas por enfermedad comunidad (IT).



Las empresas se quejan, a través de sus respectivas patronales, del alto indice de absentismo en bajas de corta duración y el coste que ello le supone. Proponen reducir las mejoras económicas del convenio que suplementan el abono realizado por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, reduciendo así las mejoras en bajas de corta duración y se suponen que se aumentan en las bajas de muy larga duración.

Desde esta sección sindical debemos realizar, básicamente dos apreciaciones:

- El empeño de las empresas de seguridad privada y sus mandos intermedios en erigirse en doctores y gestionar las bajas, en función de las que ellos crean que sean verdad o no, es altamente preocupante y roza en algunos casos la ilegalidad. ¿Cuando van a comprender las empresas que un trabajador/ra no elige cuando caer enfermo? Las empresas de seguridad comenten un gran error ligando un hecho negativo para un trabajador, caer enfermo, con un tema de reducción de costes económicos. 

Los criterios  para que a un trabajador/ra les sea aplicado/a una baja laboral por enfermedad son estrictamente de indole medico, no económicos. Un facultativo a la hora de rellenar un parte de baja, no sigue ningún tipo de criterio económico, por tanto en las empresas tampoco deberían. Los mandos intermedios de las empresas no están facultados para identificar que baja son de verdad o no, TODAS LAS BAJAS MEDICAS EMITIDAS POR UN MEDICO SON AUTENTICAS ya que son emitidas por un facultativo y este es el único requisito para poder acceder a una situación de baja por enfermedad, no otro. Por tanto no se puede criminalizar las bajas de corta duración en favor de las de larga duración.

- En esta sección sindical tenemos un  precedente significativo sobre este tema en las negociaciones del convenio de ESC, empresa de servicios auxiliares del grupo Prosegur. 

En la negociación del anterior convenio, la patronal de ESC puso encima de la mesa una propuesta muy parecida a la que se presenta ahora en la mesa del convenio de Seguridad privada. La arte social creyó en los informes y argumentaciones presentadas. Ahora, en la actual negociación del convenio, la patronal quiere eliminar también las mejoras en las prestaciones en bajas de larga duración, ya que las de corta duración ya fueron eliminados, como decimos, en el anterior convenio. 

Es un truco, una trampa, un acto de trilerismo. Lo que en realidad quieren es debilitar las mejoras en las prestaciones por bajas, en esta ocasión en las bajas de corta duración, para después, en futuras negociaciones hacer lo mismo en las bajas de larga duración.

No hay argumentos, ni médicos, ni económicos para negociar a la baja las prestaciones por bajas medicas de los trabajadores y trabajadoras que componen las plantillas de las empresas de seguridad privada. La salud no es cuantificable términos relativos, de lo contrario, estaríamos lanzando un mensaje que generaría un mal precedente, pensar que si un trabajador/ra cae enfermo ya no tiene el mismo valor para el empresario que uno/a que no.

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Negociacion convenio colectivo de seguridad privada || Acta nº 8


UGT, CCOO, USO CONVOCAN EN MADRID CONCENTRACIONES CONTRA LA PATRONAL DE SEGURIDAD PRIVADA APROSER

“POR UNA NEGOCIACION COLECTIVA DE AVANCE Y NO DE RETROCESO” 


El próximo día 28 de junio entre las 10,30 a 14,00 horas las tres centrales sindicales han convocado concentraciones en la sede de APROSER ante el bloqueo de la negociación colectiva 

La Patronal sigue poniendo encima de la mesa para su negociación elementos de retroceso en las condiciones sociales, laborales y económicas de los vigilantes de seguridad. Para los Sindicatos la posición es totalmente contraria, el sector debe asumir incrementos salariales, así como marcar claramente un modelo que avance en la calidad de los servicios, y en el empleo de calidad. 

Los clientes públicos y privados deben jugar un papel fundamental en esta situación, no podemos seguir asistiendo impasibles a la expansión de la seguridad privada hacia la custodia y protección de lugares considerados estratégicos y de alto riesgo y en contrapartida los propios clientes valoren a las empresas con el único criterio de la oferta más económica que normalmente es la de mayor incumplimiento. No podemos seguir impasibles hacia un tejido empresarial en expansión en el ámbito de la seguridad privada que apuesta por el corto recorrido irrumpiendo en el mercado con criterios de reducción de derechos como herramienta comercial de incrementar la facturación. La seguridad privada en España merece un modelo de empresas garantistas y continuistas en un marco laboral donde la calidad en el servicio y las condiciones laborales de sus plantillas se sitúen en un escenario óptimo. 

Por este motivo los Sindicatos salen a la calle, por un modelo de seguridad `privada con garantías, por un modelo de negociación colectiva de consolidación y avance, por un modelo de empresas de largo recorrido y por un modelo de clientes comprometidos con el sector y sus profesionales 



No nos  regalaran nada deberemos conquistarlo...Ver/descargar comunicado de concentración de UGT, CCOO y USO en APROSER

martes, 20 de junio de 2017


Nuevo juicio a sindicalistas, con petición de catorce años de cárcel

Rubén Ranz (Izq.) y José Manuel Nogales.

Rubén Ranz y José Manuel Nogales, “los dos de la Plaza Lealtad”, se enfrentan a penas de 7 años de prisión cada uno y multas de 7.500 euros por participar en un piquete en una huelga de 2012

Les conocen como “los dos de la Plaza Lealtad”, por ser allí, en las inmediaciones del hotel Ritz, donde ocurrieron los hechos. Era el 29 de marzo de 2012 y Rubén Ranz y José Manuel Nogales participaban en los piquetes informativos de la huelga general, la primera huelga contra el Gobierno de Rajoy tras la aprobación de la reforma laboral. La carga policial posterior acabó con la detención de los dos sindicalistas de UGT que este miércoles, 21 de junio, se someterán a juicio en Madrid. La Fiscalía pide 7 años de cárcel para cada uno y una multa de 7.500 euros.

UNA CAUSA "EJEMPLARIZANTE", SEGÚN EL FISCAL
Rubén y José Manuel estuvieron dos días detenidos, tuvieron que esperar 48 horas para testificar ante el juez. La carga policial en la que se vieron envueltos les ocasionó lesiones, pero el parte no fue realizado por el médico forense hasta pasadas 24 horas. La fiscalía pidió prisión preventiva al prever que las penas iban a ser superiores a dos años. Según nos relata Rubén, en declaraciones a este periódico, el fiscal argumentó para solicitar esta medida extrema que la causa “tenía que ser ejemplarizante” y que UGT “les iba a ayudar a fugarse”. El juez lo desestimó al entender que las medidas planteadas por la fiscalía eran “desproporcionadas”.
Plano recorrido manifestacion  puntos de llegada y salida
Desde 2012, 300 sindicalistas han sido encausados por coacciones en aplicación de los artículos 315.3 y 172 del Código Penal. Cien de ellos siguen en estos momentos a la espera de juicio. Del resto algunos han sido absueltos como ‘los 8 de Airbus’ o el caso del portavoz del Comité de empresa de Casbega de Fuenlabrada (Coca Cola), Juan Carlos Asenjo. Otros han sido condenados y esperan respuesta de su petición de indulto. Por aquel entonces, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid era Manuel Moix, que dimitió recientemente como fiscal Anticorrupción tras conocerse que posee desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá, entre otras polémicas que han rodeado la carrera profesional de este fiscal considerado por muchos como un ariete del Gobierno.

Acto en el Ayuntamiento de Leganés donde se aprobó una moción de apoyo a Rubén y José Manuel, 'los dos de la Lealtad'.

LOS PIQUETES NO SON ILEGALES
Rubén y José Manuel han tenido que esperar cinco años para poder defenderse ante un juez. Ambos están acusados de “atentado contra la autoridad” y “contra el derecho a los trabajadores. En el caso del primero se le responsabiliza de la lesión de la mano de un policía; al segundo de ser el líder del piquete informativo, una acusación que -según explica Rubén- deja claro la “interpretación alegal” que hace el fiscal, que apunta la ilegalidad del propio piquete cuando este se ejerce bajo el derecho fundamental (que reconoce el artículo 28 de la Constitución) del derecho de huelga. En este sentido, UGT recuerda que “los piquetes han sido siempre y son herramientas para informar de los motivos de la convocatoria de huelga y para facilitar que los trabajadores que quieren secundar la huelga puedan hacerlo frente a las amenazas y coacciones que reciben en sus empresas”.

Ambos se declaran inocentes: “Fue una carga desproporcionada por parte de la policía que cargó a nuestras espaldas sin previo aviso y sin intentar mediar”, nos cuenta Rubén. Tanto UGT como CCOO llevan tiempo exigiendo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y denunciando las “desproporcionadas” penas impuestas.

ACCIÓN MUNDIAL DE SOLIDARIDAD 
Las muestras de solidaridad hacia estos dos sindicalistas se van sucediendo en los días previos al juicio. Este lunes, han participado en un acto de apoyo en Santander y este martes se celebrará otro acto en el Espacio mercado de GETAFE, en el que participarán el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y otros dirigentes como Luis Miguel López Reillo, José María Cilleros, Antonio Oviedo, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

Según ha podido saber este periódico, 60 organizaciones sindicales de todo el mundo, entre ellas la Confederación Europea de Sindicatos (CES) han remitido cartas al Fiscal General del Estado para que retire los cargos a los sindicalistas encausados; a los Grupos Parlamentarios; y al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que ordene a la Fiscalía no aplicar este artículo que data de la época franquista y del que nos ilustra en un artículo Antonio Baylos.


Negociacion convenio colectivo de seguridad privada || Acta nº 8

ACTA Nº 8

En Madrid, siendo las 10.30 horas del dla 20 de junio de 2017, se reunen, de una parte, los representantes de las asociaciones empresariales APROSER y FES, asl como de los sindicatos FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construccion y Servicios, FTSP-USO y CIG que a continuación se relacionan. ELA es convocada a Ia reunión, aunque no toma parte en Ia misma. Las partes adoptan los siguientes

ACUERDOS Y POSICIONES DE NEGOCIACION

PRIMERO.- Por parte de Ia Secretarfa de Ia Mesa se informa inicialmente sobre las reuniones de Ia comision especializada para Ia redaccion del Convenio que tuvieron Iugar el 12 y 13 de junio en las que se abordaron el capitulo de Negociacion Colectiva y los tres primeros capltulos del nuevo indice propuesto. En una próxima reunión prevista, previa recepción de las propuestas de las diversas organizaciones, se retomara el análisis de nuevos capítulos incluidos en el índice entregado, en su memento, a Ia Mesa.

SEGUNDO.- Tras recordar que en Ia ultima reunion de Mesa de negociacion Ia representación social manifestó que "sin dejar de estar preocupados por otros aspectos de Ia negociación, reiteraba su preocupación por las condiciones económicas del sector y apuntaba Ia total ausencia de concreción por parte de Ia representación empresarial de los aspectos sobre los que manifestaba su importancia capital (I.T. y Antigüedad)", comprometiéndose Ia representación patronal, a Ia vista de estas manifestaciones, a realizar propuestas concretas en Ia siguiente reunión, se precede por parte de Ia representación empresarial a recordar las cinco materias sobre las que solicito Ia necesidad de dar un tratamiento conjunto global que posibilitara un posible acuerdo...Ver/descargar el acta numero 8,, de 20 de junio de 2017 del convenio de empresas de seguridad privada

Legislación Básica | 16# ¿Qé es la incapacidad permanente parcial?

Hablamos de incapacidad permanente cuando, por un accidente o enfermedad, vemos limitada o reducida la capacidad para trabajar. En este sentido, existen cuatro tipos de incapacidad permanente:
  1. Incapacidad permanente parcial
  2. Incapacidad permanente total
  3. Incapacidad permanente absoluta
  4. Gran invalidez
La incapacidad permanente parcial es aquella en la que el empleado, aunque disminuya su rendimiento o trabaje con mayor dificultad, puede continuar realizando las tareas propias de su puesto.

En este caso verá mermada su capacidad de trabajo en al menos un 33% debido al accidente o enfermedad.

Cabe destacar que se entiende por profesión habitual, la que el trabajador desarrolla en el momento de producirse el accidente o, en caso de enfermedad, el trabajo que se desarrollaba durante los 12 meses anteriores a la misma.

Si no pudiese continuar realizando su trabajo habitual, estaríamos ante una incapacidad permanente total, y si no pudiese realizar ningún tipo de trabajo; ante la incapacidad permanente absoluta. En los casos de gran invalidez, el trabajador necesita asistencia de otra persona para las tareas del día a día.

Ejemplos de incapacidad permanente parcial

1. Un hombre que trabajó durante años en una zapateria, pero que debido a la falta de empleo en el sector comienza a trabajar como peón de albañil. Lleva dos meses en este trabajo cuando sufre un accidente de coche que le hace perder un 50% de la movilidad del tobillo. En este caso, al tratarse de un accidente se entiende por profesión habitual la que se llevaba a cabo en el momento de producirse el mismo, es decir, peón de albañil, por lo que su capacidad para desarrollar ese trabajo se ve reducida. 

2. Un policia que tras una experiencia traumática sufre un trastorno, que junto a la ansiedad que le ocasiona, no puede encontrarse en lugares repletos de gente, lo que dificulta su labor de vigilancia y mantenimiento del orden público. Sin embargo, puede realizar tareas administrativas o las que venía realizando en otro destino menos concurrido.

3. Una entrenadora personal que trabaja en un gimnasio desde hace 3 años padece cáncer de mama, y con ese mismo brazo, debido a la operación, no puede coger peso. A pesar de ver limitada su capacidad para dar determinadas clases o coger determinadas herramientas, puede continuar asesorando como entrenadora y realizar las labores de vigilancia o atención al público.  

Requisitos para pedir la pensión por incapacidad permanente parcial
Para percibir la pensión por incapacidad permanente parcial deberás ser trabajador por cuenta ajena, afiliado y en alta o situación asimilada al alta, y no hacer cumplido la edad para acceder a la jubilación ordinaria.
Por otra parte, si la situación de incapacidad viene dada por enfermedad común, será necesario, además, cumplir un periodo mínimo de cotización:

Si te das de baja por enfermedad con 21 o más años….
Deberás haber cotizado 1.800 días en los últimos 10 años.
Si te das de baja por enfermedad con menos de 21 años…
Deberás haber cotizado la mitad de los días entre la fecha en que cumpliste 16 años y la del hecho causante, más el periodo de incapacidad temporal, consumido o no (545 días)



¿Cuánto se cobra por incapacidad permanente parcial?
Se trata de una indemnización a tanto alzado que se cobra de una sola vez, es decir, es un pago único.

El calculo se realiza multiplicando por 24 la base reguladora utilizada para calcular la prestación por incapacidad temporal que se percibió antes de la incapacidad permanente. Si no se hubiese recibido antes, se tendrá en cuenta igualmente la cantidad que hubiese correspondido por ella.
Esta indemnización está sujeta a IRPF.

El organismo encargado de la gestión y el pago, cuando se trate de enfermedad común o accidente no laboral, será el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) o el Instituto Social de la Marina, en caso de trabajadores del régimen especial del mar.

Cuando la incapacidad derive de enfermedad profesional o accidente de trabajo, el pago corresponderá al INSS o a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

Solicitud de incapacidad permanente parcial
Para solicitar la indemnización por IP parcial deberás presentar el impreso de solicitud en una de las oficinas del INSS. Y además, con carácter general, será necesario presentar la siguiente documentación:

Documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y si es posible, historial clínico o informe de la inspección médica.

Por enfermedad común, justificante de pago de las cotizaciones de los últimos 3 meses si estas obligado a ingresarlas y la incapacidad se ha producido en ese mismo periodo.

Por accidente de trabajo o enfermedad profesional, también será necesario parte administrativo de accidente de trabajo o enfermedad profesional y certificado de salarios reales del año anterior.

Estoy trabajando y me conceden la incapacidad permanente parcial, ¿qué ocurre?
Cuando declaran la incapacidad permanente parcial y estás trabajando, pueden ocurrir dos cosas; que la disminución de tus capacidades afecte al rendimiento en tu trabajo o que no afecte al mismo, en cualquier caso, tienes derecho a la reincorporación en la empresa.

Si no afecta al rendimiento deberás reincorporarte a tu puesto de trabajo, si no es posible y te derivan a otro puesto, el salario no podrá ser inferior al que recibías.
Por otra parte, si la incapacidad afecta al rendimiento normal de tu puesto de trabajo anterior, la empresa deberá buscar un puesto similar que no afecte a tu capacidad de trabajo. Si no hay un puesto adecuado, la empresa podrá reducir el salario hasta en un 25% siempre que la cantidad supere el salario mínimo interprofesional.

Me he recuperado y ya no tengo incapacidad permanente parcial, ¿qué ocurre con mi trabajo?
Si se declara que te has recuperado y que ya no tienes ningún tipo de limitación para trabajar en tu puesto, tienes derecho a reincorporarte en el mismo, siempre que el puesto actual sea de una categoría inferior al que tenías en el momento de declararse la incapacidad y que no hayan pasado más de tres años desde entonces.

Si quieres solicitar la reincorporación tienes que indicárselo a la empresa y a los representantes de los trabajadores en el plazo de un mes desde que se declara la recuperación, si es posible, por escrito.



¿La IP parcial es compatible con el trabajo?
La prestación por incapacidad permanente parcial es compatible con el trabajo por cuenta propia o ajena. Hay que tener en cuenta que este tipo de incapacidad no te inhabilita en ningún momento para realizar ningún tipo de trabajo.


¿Es posible cobrar la incapacidad permanente parcial estando en paro?
Como hemos visto, uno de los requisitos para solicitar la pensión por incapacidad permanente parcial es ser trabajador por cuenta ajena, estar afiliado y en alta o situación asimilada.

Uno de los casos en los que un trabajador se encuentra asimilado al alta es cuando está en situación legal de desempleo, total y subsidiado, y en caso de paro involuntario una vez agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo.

Es decir, si un trabajador cobra una prestación o subsidio por desempleo, o si, cuando se agoten, mantiene la inscripción como demandante de empleo, se considerará que el trabajador se encuentra en situación asimilada al alta, por lo que cumplirá este requisito.

Si cumple el resto de requisitos podrá acceder a la IP parcial.

Incapacidad permanente parcial en autónomos
En el RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos), no se contempla la incapacidad permanente parcial para autónomos en caso de accidente no laboral o enfermedad común.

Sin embargo, si existe esta opción en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que la incapacidad suponga una disminución de al menos un 50% en el rendimiento del trabajador para la profesión habitual, sin llegar a ocasionar incapacidad permanente total.

lunes, 19 de junio de 2017


UGT expone la problemática de la seguridad privada en España


El Sindicato Federal de Seguridad Privada FESMC-UGT, durante su intervención en el marco del Diálogo Social Europeo en Bruselas, ha trasladado su posición sobre negociación colectiva, contratación de servicios de seguridad privada, intrusismo en el sector, y jubilación anticipada ante los nuevos retos de futuro, que contó con la presencia de Sindicatos y Patronales de la Unión Europea.

Negociación Colectiva 
Mantener la negociación colectiva en el marco sectorial, pese a la reforma laboral instalada en España por el Gobierno como elemento de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ha sido y sigue siendo para la UGT elemento primordial en elmarco de las relacionaes laborales sectoriales y, específicamente desde nuestro Sindicato Federal, en el de la seguridad privada.

UGT viene denunciando, continua y detalladamente, todos aquellos actos de las empresas de sector vinculados a la promoción de convenios propios, en detrimento del sectorial,que reducen ostensiblemente derechos y salarios de sus trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, para la UGT el convenio sectorial actualmente en negociación debe marcar el futuro próximo del sector de la seguridad privada, siendo irrenunciable establecer incementos económicos y mejoras de condiciones y de reconocimientos de derechos laborales para el conjunto de los trabajadores del sector, que suponga una clara apuesta por estándares de calidad reconocidos y homologables con los del resto de la Unión Europea.

La Patronal no puede seguir en la senda de maximización de sus cuentas de resultados a costa de la reducción de las condiciones laborales y salariales y derechos que solo contribuyen a precarizar al propio sector. UGT cree que es momento de elevar los salarios, y que es momento de dotar al sector de mayor crédito ante los propios clientes que deben valorar la actividad realizada por los vigilantes que custodian sus instalaciones.

UGT seguirá negociando en esta dirección y seguirá reivindicando en la calle si es preciso esta necesaria adecuación de la seguridad privada en España que debe basarse en calidad de servicio y en calidad de empleo y condiciones.

Derogar la reforma laboral impuesta por el Gobierno sigue siendo una constante de lucha para el Sindicato de Seguridad Privada de UGT en España, que tiene que servir para recuperar la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa, imprescindible para garantizar en forma ordenada el correcto funcionamiento del sector.

Contratación de servicios de seguridad privada 
Los clientes de seguridad privada en España, tanto en el ámbito público como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas.

Esta actitud, a la que desde algunas de las empresas de seguridad también han contribuido, ha supuesto para el sector un horizonte de desregulación con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas.

En la actualidad, encontramos empresas de seguridad privada en las administraciones públicas con claros incumplimientos en materia contributiva y fiscal, generando con ello que las propias Administraciones Públicas retroalimente el fraude fiscal en nuestro país.

Esta situación, que incide directamente sobre las condiciones laborales, sociales y económicas de los propios vigilantes, está siendo abordada desde UGT desde el ámbito sindical, así como desde el ámbito institucional.

Dentro de la denominada contratación pública socialmente responsable, se está realizando un seguimiento sobre la totalidad de contratos públicos así como manteniendo reuniones con sus responsables políticos, con la intención de garantizar condiciones laborales dignas y empresariales de calidad suficientes en la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad.

La seguridad privada en España asume una gran responsabilidad en el ámbito de la seguridad pública. Los vigilantes de seguridad protegen lugares estratégicos y de relevantes riesgos, este hecho debe ser considerado convenientmente para que su desempeño venga acompañado de condiciones laborales adecuadas a ese nivel de responsabilidad, y de calidad de servicios garantistas que impida la aceptación de una oferta empresarial desproporcionada y más barata.

En este sentido desde UGT se vienen estableciendo ACUERDOS MARCOS de Contratación en distintos lugares de España, así como solicitando del Gobierno cambios en la propia Ley de Contratos Públicos.

Intrusismo en el sector 
La proliferacion de las denominadas empresas multiservicios, (auxiliares de servicios) que aparecen en España con una clara política laboral intrusista para el sector de la seguridad privada, supone que auxiliares ejerzan funciones propias de vigilantes de seguridad privada, (determinadas y delimitadas en la propia Ley y Reglamento), en peores condicones laborales, con menos derechos reconocidos e infames niveles salariales, que supone un claro ejercicio de intrusismo para el sector con el único objetivo de abaratar costes pese a y no aplicar la normativa legal.

En la actualidad éstas empresas auxiliares han ido en aumento constante, y el 95% de ellas desvinculadas del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad, e incumpliendo sistemáticamente las normativas laborales, fiscales, sociales y económicas.

Establecer claramente las funciones de esta actividad auxiliar, así como la búsqueda de una regulación convencional en el ámbito sectorial estatall, son cuestiones que está siendo abordada desde UGT con los claros objetivos de eliminar el ámbito intrusita en el sector de la seguridad privada y de regular la actividad y condiciones de un ámbito laboral en crecimiento y cuyos trabajadores y trabajadoras merecen un mayor reconocimiento y adecuación.

Nuevos retos de futuro 
La revolución tecnológica está siendo motivo de debate en el ámbito mundial y europeo y sin duda afectara en España a un número importante de las profesiones conocidas y a su vez sobre el sector de la seguridad privada en cuanto a la implantación de las denominadas nuevas tecnologías.

Propuestas como la renta mínima garantizada, así como el gravar fiscalmente a las empresas por sustituir tecnología por mano de obra, son cuestiones trasladadas por UGT y que están siendo motivos de debates en el seno del dialogo social en el conjunto de Europa y, específicamente, en el ámbito de la seguridad privada.

Estas cuestiones, a juicio de UGT, deben ser analizadas desde el ámbito social y económico del sector sin más dilación, con la intención de adelantarnos al cambio.

La formación como elemento de promoción profesional y personal en la empresa y el sector, , así como la jubilación anticipada, son cuestiones que UGT considera que se deben abordar en forma ordenada para evitar la intención de sustituir empleo por tecnología con el único objetivo de aumentar las cuentas de resultados de las empresas a costa de la indefensión y exclusión del mercado laboral de sus trabajadores.

En definitiva, los acuerdos sociales y económicos en España en materia de seguridad privada deben partir desde la concertación y diálogo entre patronales y sindicatos, que venga a contribuir en la definición de un marco social, laboral y económico que fortalezca un sector cuyo modelo garantice empleo de calidad y empresas continuistas, un modelo sectorial en una Europa que debe caminar hacia un mayor reconocimiento social.

En este aspecto los Sindicatos engeneral, y UGT en particular, deben jugar un papel fundamental en el ámbito sectorial y territorial en el marco de la Unión Europea.

Fuente: fesmcugt.org
Disponible <http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/noticia/ugt-expone-la-problematica-de-la-seguridad-privada-en-espana-id-7934.htm>

El Tribunal Supremo tumba el convenio de MARSEGUR, desestimando el recurso de la empresa, para la Comunidad de Madrid

Por la representación de la Federación de Servicios y Construcción de CCOO; la Federación Regional de Servicios de la UGT Madrid (FES-UGT) y por Unión Sindical Obrera (USO-MADRID), se interpuso demanda de Impugnación de Conflicto Colectivo, a fin de que de declarar nulo el convenio publicado en el BOCAM de fecha 07 de marzo de 2015 para los trabajadores de la Comunidad de Madrid de la Empresa Mansegur Seguridad Privada, S.A.
Con fecha 28 de diciembre de 2015 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la siguiente sentencia:
«Que estimamos parcialmente la demanda de impugnación de convenio formulada por las representaciones letradas de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CC.OO, de la FEDERACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE LA UGT MADRID (FES- UGT) y de UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO-MADRID) contra la empresa MARSEGUR 
En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:
El 10 de octubre de 2014, reunidas las representaciones de Marsegur, Acosepri y por la parte social, la Delegada de Personal, Rosario , asistida de asesor, se alcanza un acuerdo de convenio colectivo de la empresa Marsegur, Seguridad Privada, SA, para todo el territorio nacional, para los años 2014 a 2024 
El 17 de diciembre de 2014, reunidas las representaciones de Marsegur, Acosepri y por la parte social diferentes personas, se constituye la comisión negociadora del Convenio Colectivo de empresa, de ámbito nacional. 
Dicho Convenio se publica en el Boletín Oficial de del Estado, de 10 de marzo de 2015, previa resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Trabajo por la que se acuerda el registro 
El tradicional principio de no concurrencia de convenios que establecía el artículo 84 ET -según el que un convenio colectivo durante su vigencia no puede ser afectado por convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario negociado conforme al artículo 83.2 ET - fue objeto de una nueva excepción que introdujo el RL 3/2012, reforma del mercado de trabajo aprobada por el Partido Popular, y que consta en el apartado 2 del artículo 84 ET relativa a la preferencia aplicativa limitada de los convenios de empresa. 
En efecto, el actual artículo 84 ET , tras reiterar el principio y la excepción tradicional añade en su apartado segundo que «La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones. d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores. e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa. f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2. Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1». 

Resulta evidente que el convenio colectivo impugnado no puede ser considerado, en modo alguno, un convenio colectivo de empresa, sino de Comunidad Autónoma y que, por tanto, como acertadamente razona la sentencia recurrido, no puede gozar de la preferencia aplicativa limitada que el artículo 84.2 ET reserva exclusivamente a los convenios de empresa y a los de grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1 ET ....Ver la sentencia en recurso de casación interpuesto por Mansegur Seguridad Privada SA

lunes, 12 de junio de 2017


Histórico de acuerdos, todavía vigentes, en Prosgur SIS Madrid (antes Prosegur España y Prosegur Cia. de Seguridad)

A lo largo de los años de existencia del Comité de Empresa de la actual Prosegur SIS de Madrid, anteriormente Prosegur España y Prosegur Cia de Seguridad, se ha ido firmando una serie de acuerdos que aun prevalecen como validos, a pesar de que son ignorados la mayoría de ellos dentro de la empresa. Si vuestro gestores, coordinadores, jefes de servicio, jefes de equipo, etc, no los conocen o se hacen los locos, podéis poneos en contacto con nosotros. Esperamos que os sea de utilidad.


Libranza y pluses en Navidad y Año nuevo. Descarga

Libranza, como mínimo, de un Fin de semana (sábado y domingo) al mes. Descarga

En caso de error de planificación del servicio ajeno al trabajador/a, del cual se derive un perjuicio al mismo/a, se le abonarán como mínimo dos horas. 
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Todos los trabajadores tendran derecho como mínimo a una quincena de vacaciones en período estival (verano), comprendiendo dicho período desde el 1 de Junio al 30 de Septiembre. 
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Los trabajadores de la empresa, podrán realizar cambios de turno con los compañeros de su centro de trabajo. 
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Los trabajadores de la empresa tendrán derecho a disfrutar de un día de permiso retribuido  con motivo de la comunión de cualquiera de sus hijos, de uno y otro cónyuge. 
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Abono de reclamaciones por error de la empresa en su retribución. Descarga

Pluses extras convenio. Descarga

Anticipos a descontar de las pagas extras. Descarga

Devolución de la uniformidad usada. Descarga

Plus de Canero. Descarga

Gratificacion por matrimonio. Descarga

En el caso de IT, de tres o menos días, es valido  un justificante medico. Descarga



domingo, 11 de junio de 2017


El Consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha comunica por escrito a Sinergias la obligación de abonar los salarios según convenio sectorial y les requiere para que regularicen los salarios, de negarse iniciara el procedimiento de resolución del contrato


La amenaza enviada por escrito se ha cumplido y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado el procedimiento de resolución del contrato suscrito con la adjudicataria Sinergias, que se encarga desde el 1 de mayo del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios de la Junta de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. El Gobierno regional ha tomado esta decisión tras constatar que la adjudicataria no ha aplicado a los trabajadores el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad. Este colectivo laboral ha protagonizado sucesivas movilizaciones desde la entrada en vigor del nuevo contrato.
En una resolución dictada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se notifica a la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., el inicio del procedimiento de resolución del contrato, al haber aplicado su propio convenio de empresa a los trabajadores, lo que les ocasiona una notable merma de sus retribuciones.
Con esta resolución, la Junta cumple el compromiso adquirido con los trabajadores, que manifestó públicamente y en sede parlamentaria, de iniciar de forma inmediata el expediente de resolución del contrato una vez que se hubiera constatado que la adjudicataria no aplicaba el convenio colectivo estatal.
Así lo ha podido comprobar la Consejería tras concluir el primer mes de ejecución del contrato y haberse producido una importante disminución de las retribuciones de los trabajadores, concretamente de 300 euros, respecto a lo establecido en el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, que era el aplicable a los trabajadores adscritos al contrato.
Una vez notificada la resolución a la UTE y continuando con la comunicación que mantiene con los trabajadores, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a los vigilantes de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en estas tres provincias del inicio del expediente de resolución, con el objetivo de que conozcan el estado de un procedimiento que les afecta de forma directa.
Ha pasado más de un mes desde que entrara en vigor la nueva contrata de Sinergias en los servicios de vigilancia y seguridad de la Junta, y las movilizaciones de los trabajadores han ido desde el Palacio de Fuensalida de Toledo (sede del Gobierno regional), hasta las Cortes de Castilla-La Mancha y el Museo del Ejército de Toledo, donde también han denunciado que el Ministerio de Defensa ha adjudicado estos servicios a Marsegur S.A., del mismo entorno empresarial que Sinergias.
Un convenio de empresa peor que el estatal
Los sindicatos han denunciado hasta ahora que, aprovechando que así se lo permite la reforma laboral del PP, Sinergias Seguridad tiene su propio convenio de empresa, muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales, lo que ha permitido a ambas empresas presentar las ofertas económicas más ventajosas en los concursos convocados por el Ministerio de Defensa y por la Junta.
Concretamente, el nuevo pliego de condiciones afecta un total de 130 trabajadores de la comunidad autónoma e incorpora un sueldo de 690 euros mensuales, por debajo de los 1.000 euros y del Salario Mínimo Interprofesional.
Hasta ahora, la Junta ha mantenido su compromiso de velar por el cumplimento del pliego de condiciones y de actuar si no se cumple el convenio estatal del colectivo de vigilantes de seguridad, lo que finalmente ha sucedido con la primera nómina. Pero los sindicatos piden además que se incluya una cláusula en el pliego garantizando que se mantienen las condiciones laborales, a lo que hasta ahora se ha negado la compañía.
Huelga indefinida
Los vigilantes de seguridad han anunciado que irán a la huelga indefinida a partir del próximo 3 de julio si el Gobierno regional no rescinde antes de esa fecha el contrato de la actual adjudicataria de estos servicios. Así lo ha decidido la asamblea de trabajadores tras comprobar que la nueva adjudicataria, Sinergias ha modificado de forma sustancial sus condiciones de trabajo y sus salarios.

Por su parte, la Inspección de Trabajo, ante la denuncia sindical de la modificación sustancial de las condiciones sufrida por los vigilantes, ha citado el próximo lunes a las 12.00 tanto a la empresa como a los representantes de los trabajadores.

Fuente: ELDIARIO.ES
Disponible <http://www.eldiario.es/clm/Junta-contrata-vigilantes-seguridad-reducirles_0_652685101.html>